Cuando el poder ilegal llena vacíos del Estado
Conversaciones de Innovación para América Latina – Capítulo 3: Lucía Dammert
Conversaciones de Innovación para América Latina es una serie especial del podcast Futuro Público, en colaboración con UNIT, en la que exploramos cómo el diseño puede ayudarnos a enfrentar los desafíos de nuestras ciudades, instituciones y la vida colectiva en la región, en contextos de creciente complejidad. En este capítulo, conversamos con Lucía Dammert.
Hay una pregunta que atraviesa buena parte de las discusiones sobre seguridad en América Latina, aunque pocas veces se formule con esta claridad: ¿qué pasa si el problema no es que el crimen organizado opere en el desorden, sino que ha desarrollado capacidades de adaptación, diversificación y control territorial que muchas veces superan la capacidad de respuesta del Estado? Si eso es así, entonces la respuesta institucional no puede seguir actuando como si enfrentara solo fragmentación o caos. Tiene que entender que está frente a un sistema.
Con esa premisa arranca el tercer capítulo de Conversaciones de Innovación para América Latina, donde Ángela Galeano conversa con Lucía Dammert —socióloga, académica y especialista en seguridad pública y crimen organizado— a partir de su libro más reciente, Anatomía del poder ilegal: Violencia, crimen organizado y corrupción en América Latina, publicado por Ariel en 2025. El libro recoge más de una década de entrevistas, viajes y trabajo de campo en América Latina y el Caribe, y plantea que el crecimiento del poder ilegal se articula con debilidades estatales, corrupción y pérdida de legitimidad institucional.
El crimen como mercado: una reconceptualización necesaria
El punto de partida de Dammert es conceptual antes que operativo. La imagen dominante del crimen organizado —grupos violentos, irracionales, externos a la sociedad— no solo resulta insuficiente: también limita la capacidad de innovación. Mientras sigamos pensando el crimen como una anomalía separada del resto de la vida económica y social, seguiremos diseñando políticas para contener síntomas, sin intervenir las estructuras que los sostienen.
Lo que Anatomía del poder ilegal describe es otra cosa: mercados con altísima capacidad de expansión, diversificación e innovación, conectados con flujos legales de dinero, consumo, circulación y poder. Desde el narcotráfico hasta el tráfico de migrantes, la minería ilegal, la trata de personas o los delitos ambientales, lo que aparece es una infraestructura paralela que no surge fuera del sistema, sino precisamente en sus fisuras. Como muestra el libro, estos mercados no solo generan rentas: también corroen instituciones, reordenan territorios y moldean formas de gobernanza local.
Dammert lo plantea con claridad en la conversación: en América Latina no estamos viendo solo más delito, sino el crecimiento de mercados ilegales cada vez más complejos, tecnificados y entrelazados con lo legal. Y esa mayor sofisticación vuelve más evidente un problema de fondo: la distancia entre la velocidad de adaptación del crimen y la capacidad institucional del Estado para comprenderlo y responder. Aquí es donde el diseño público se vuelve urgente: no como control, sino como la herramienta para rediseñar la presencia estatal frente a un contexto que ya cambió.

El Estado ausentista
Una de las ideas más incómodas del episodio es que el poder ilegal no crece en el vacío: crece allí donde el Estado no llega, llega mal o llega tarde. Las zonas de frontera son un ejemplo especialmente elocuente, pero no el único. Allí donde faltan servicios, oportunidades económicas, infraestructura pública o presencia institucional sostenida, otras estructuras ocupan el lugar.
No se trata de romantizar ese fenómeno. Lo que se instala es, muchas veces, un régimen de violencia, coerción y dependencia. Pero también una forma de organización territorial que responde —de manera brutal, informal e ilegítima— a necesidades concretas. Ese punto es central: si el crimen organizado logra arraigo, no es solo por su capacidad de intimidación, sino también porque opera sobre vacíos que el Estado dejó abiertos.
Y ese diagnóstico desplaza la discusión. La pregunta ya no es únicamente cómo perseguir al crimen, sino también qué capacidades, servicios y formas de presencia pública hay que construir para que no sea la única estructura disponible en amplias zonas de la vida social.
La línea es más fina de lo que creemos
Otro momento clave de la conversación aparece cuando Dammert tensiona la frontera cómoda entre el crimen organizado y la vida cotidiana. La circulación de bienes robados, la tolerancia a distintos grados de informalidad, el consumo de servicios o productos fuera de la legalidad y la normalización de ciertas prácticas evasivas no son fenómenos marginales respecto del problema: forman parte de él.
Su punto no es moralizar, sino mostrar que la línea entre lo legal y lo ilegal no es tan nítida como muchas veces quisiéramos imaginar. Y si esa frontera es más porosa de lo que admitimos, entonces cualquier política seria tiene que hacerse cargo también de esa dimensión social, económica y cultural del problema.
Una pregunta para América Latina
En la región, la pregunta que deja este episodio es particularmente urgente. Si los mercados ilegales se reorganizan con rapidez, aprenden, innovan y leen el territorio mejor que muchas instituciones públicas, entonces el problema no es solo de voluntad política ni de endurecimiento punitivo. Es, también, un problema de capacidad estatal: de información, de coordinación, de presencia territorial y de diseño institucional.
En contextos de fragilidad institucional y falta de recursos que caracterizan muchas veces el Estado en América Latina, la conversación con Dammert plantea un desafío clave para el diseño público porque la seguridad no es un problema que pueda resolverse desde una sola metodología. Para mirar la arquitectura completa de respuesta es necesario articular diferentes perspectivas y disciplinas que nos permitan reevaluar dónde está el Estado, qué sabe, cómo decide, cómo coordina, qué incentivos construye y qué vacíos deja abiertos. Aportes como los de Dammert son imprescindibles para rearmar nuestras respuestas a los desafíos complejos.
Seguridad como pregunta de diseño
Leído desde ahí, este capítulo no es solo una conversación sobre crimen organizado. Es también una conversación sobre cómo se diseñan —o no se diseñan— las capacidades públicas necesarias para responder a sistemas complejos. Si el poder ilegal logra construir articulaciones territoriales, cadenas de valor y redes de protección allí donde el Estado fracasa, la pregunta no puede agotarse en más control o más castigo. Tiene que incluir una discusión más amplia sobre qué tipo de Estado, qué tipo de presencia territorial y qué tipo de infraestructura institucional necesitamos construir.
Ese desplazamiento importa. Porque obliga a dejar de pensar la seguridad solo como una cuestión de persecución y empezar a verla también como un problema de diseño institucional: de cómo se distribuyen capacidades, cómo se coordinan actores, cómo se producen datos útiles para decidir y cómo se recupera legitimidad allí donde hoy predominan el abandono y la desconfianza.
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